jueves, 3 de mayo de 2012


El PARLAMENT INSTA A APOYAR A LOS AFECTADOS POR LAS PREFERENTES.


La Cámara avala una propuesta de ICV que reclama sanciones para las entidades

Barcelona
 Un afectado por las participaciones preferentes en Galicia dona sangre, ayer, para denunciar su situación. (SALVADOR SAS / EFE)
















La Comisión de Economía del Parlament aprobó ayer, con la única abstención del PP, una propuesta de resolución de ICV que, entre otras medidas, reclama sanciones para las entidades financieras que hubieran vulnerado los requisitos legales de comercialización de las participaciones preferentes. Se trata de títulos de carácter perpetuo, con riesgo y de los que ahora están cautivos muchos ahorradores. 

Según la medida impulsada por Iniciativa, unas 500.000 personas están afectadas por la venta de estos productos financieros de riesgo sin que se cumplieran las normas de información financiera y sin «ningún control» o «muy deficientemente» supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según la propuesta. 

El Banco Santander, el BBVA, el Sabadell, CaixaBank y Bankia, entre otros, ofrecieron a sus clientes con este tipo de producto canjearlo por acciones. Catalunya Caixa, en fase de venta; y Unnim, en proceso de integración en el BBVA, también tienen clientes con estos productos, pero aún no les han ofrecido el canje. 

La CNMV abrió expediente sancionador a entidades cuya identidad no reveló. La propuesta de ayer reclama al Govern que «haga las gestiones oportunas» ante el Ejecutivo central para que la CNMV analice detalladamente los tests de conveniencia hechos a los clientes. Estos documentos están previstos en la normativa europea de mercados financieros (Mifid) y sirven para evaluar el grado de tolerancia al riego del inversor. 

El objetivo es que los contratos «queden sin efectos legales, en el caso de que no fueran un producto adecuado al perfil de conocimiento de productos financieros de la persona contratante o que no se adecuaran a los riesgos que manifestaba estar dispuesto a asumir». También se exige coordinar con el Banco de España «las acciones necesarias» para «la devolución del capital inicial en esos casos. 










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